Un juez federal del estado de Texas declaró ilegal la política que ampara a migrantes que llegaron a Estados Unidos sin documentos y siendo niños. Aunque la decisión le dice al Gobierno que no puede aceptar nuevos permisos, aclara que las autoridades no tienen que deportar a los beneficiados y que se pueden renovar los actuales amparos migratorios.
De acuerdo con lo anunciado por Andrew Hanen, juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, el Gobierno del entonces presidente Barack Obama no siguió las reglas administrativas federales al lanzar el programa de Acción Diferida para los inmigrantes Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Actualmente, dicho programa tiene cerca de 650.000 personas inscritas, la mayoría de ellas son hispanas.
El caso comenzó hace casi siete meses, cuando Hanen recibió la demanda encabezada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton. Ocho estados respaldaron la solicitud: Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental.
Y ahora, el juez federal de Texas y quien fue designado por el entonces presidente George W. Bush en enero de 2002, les dio la razón. La sentencia establece que los estados demostraron “las dificultades que les ha causado la operación continua de DACA”. Agregó que “el gobierno no tiene interés legítimo en la continuación de un programa implementado ilegalmente”.
En las conclusiones del fallo, Hanen aseveró que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) violó una ley administrativa con la creación de DACA y su operación continuada. En su escrito, dictaminó que el Congreso no le había otorgado al DHS la autoridad para crear DACA y que impedía que los funcionarios de inmigración hicieran cumplir las disposiciones de deportación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
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