WASHINGTON —
La Corte Suprema de Estados Unidos fue escenario el martes de una disputa teñida de política partidista sobre una medida del gobierno de Joe Biden que daría prioridad a la deportación de gente que se encuentra ilegalmente en el país y constituya el mayor peligro a la seguridad pública.
Después de los argumentos, que duraron más de dos horas y se tornaron áspero en ciertos pasajes, no quedaba claro si los jueces permitirían que la medida entre en vigor o bien se inclinarían a favor de los estados gobernados por los republicanos que hasta ahora han logrado bloquearla.
El caso gira en torno a una directriz que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) emitió en septiembre de 2021 que puso en pausa las deportaciones, salvo en los casos de personas que hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “grandes amenazas a la seguridad pública”. La orden, aprobada después de que Biden asumió la presidencia, actualizó una medida de la época de Donald Trump que expulsaba a cualquier persona que se encontrara en el país ilegalmente sin importar sus antecedentes penales o lazos con la comunidad.
El martes, la procuradora general del gobierno, Elizabeth Prelogar, dijo a los jueces que la ley federal “no crea un mandato inflexible para aprehender y expulsar” a cada uno de los más de 11 millones de inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal.
Prelogar dijo que sería “increíblemente desestabilizador en el terreno” que la corte requiriera semejante cosa. El Congreso no le ha otorgado al DHS fondos suficientes para aumentar enormemente la cantidad de personas que detiene y deporta, ha dicho el gobierno.
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