A nivel nacional, el 16% de los trabajadores de Estados Unidos nacieron en el exterior, pero en el área de corte y confección de ropa, los inmigrantes constituyen el 42%.
Audelia Molina, una inmigrante mexicana, ganaba 10 centavos por cada prenda que recortaba en un taller de Los Ángeles, la capital de la confección de vestimenta de Estados Unidos.
Su sueldo era tan bajo que empezó a trabajar 11 horas diarias para aumentar su producción. Cuando pidió un aumento, su supervisor se lo negó, por lo que ella renunció en julio de 2017 y acudió a un abogado laboral para que la ayudara a radicar una demanda por impago de salarios ante la Comisión del Trabajo de California.
Un año después, la justicia falló que Molina cobraba un promedio de 199 dólares a la semana, lo que violaba las leyes laborales, incluidas las que rigen el pago de horas extras y las que disponen que una persona debe ganar al menos el sueldo mínimo del estado, que era de 10.50 dólares la hora.
El antiguo patrón de Molina, sin embargo, no le pagó los 23 mil dólares que le debía ni los servicios de los abogados. Entonces, la mejor opción de Molina era solicitar ayuda de un fondo del estado para trabajadores del sector que fueron robados.
Le tomó más de dos años recibir su cheque y su antiguo patrón todavía no reembolsó al fondo estatal, como requiere la ley.
Molina, quien lleva 30 años viviendo en California, se vio envuelta en un ciclo tóxico que existe desde hace siglos: los inmigrantes se encargan de los oficios peor pagados y más arduos, y son las principales víctimas de patrones que no pagan salarios justos, publicó la agencia AP.
Y cuando acuden a los tribunales o hacen reclamos ante las autoridades generalmente reciben una compensación menor que la que les correspondía con tal de cobrar más rápido o se embarcan en procesos inacabables.
Continúe leyendo en el sitio de origen haciendo clic aquí
Recent Comments