La agencia que dirige Krish Vignarajah lucha por sobrevivir desde que el gobierno de Donald Trump redujo en un 85% la cantidad de refugiados que admite Estados Unidos. Tuvo que cerrar un tercio de las oficinas de la organización que reubica refugiados y despedir a más de 120 empleados, algunos de ellos con décadas de experiencia.
Ahora se afana no solo por traer de vuelta a esa gente sino por duplicar la capacidad del Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados, una expansión que no se ve desde que la agencia se agrandó para hacer frente a una ola de refugiados llegados tras la caída de Saigón en 1975.
Las nueve dependencias estadounidenses que reubican refugiados están siendo remecidas, preparándose para recibir 125.000 refugiados, si no más, este año, en que el presidente Joe Biden cumplió su promesa de aumentar a los niveles de antaño la cifra de personas que pueden iniciar una nueva vida en Estados Unidos después de escaparle a la persecución o la guerra.
Estas agencias estuvieron al borde de la desaparición. Los últimos cuatro años reflejan la necesidad de reforzar este programa creado hace 41 años y que siempre tuvo apoyo bipartidista para hacerlo menos vulnerable a los vaivenes políticos si es que Estados Unidos desea volver a ser uno de los principales santuarios para los oprimidos del mundo.
“Hemos visto cómo la concentración de la política hacia los refugiados exclusivamente en la Casa Blanca puede generar tanta destrucción si cae en las manos equivocadas”, manifestó Vignarajah.
El gobierno de Trump puso tantos obstáculos que no se sabe si se podrá reactivar el programa con la velocidad necesaria para volver a las cifras de antes este año, como quiere Biden, sobre todo en medio de una pandemia que limita las posibilidades de entrevistas a los refugiados en campamentos y ciudades atestadas.
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