El gobierno de Joe Biden tiene las manos libres para cancelar el Título 42, una controvertida política de seguridad sanitaria de la era Trump activada en marzo de 2020 por la pandemia de coronavirus y que también se utiliza para deportar a extranjeros de forma expedita en la frontera con México.
El máximo tribunal de justicia notificó ayer que “el caso se ELIMINÓ del calendario de argumentos de febrero de 2023”. La decisión fue tomada una semana después de que el Departamento de Justicia, a través de un escrito, aseguró ante la Corte que cuando se dejen sin efecto las declaraciones de emergencia nacional y de salud por la pandemia del coronavirus el 11 de mayo, simultáneamente se suspenderá la vigencia del Título 42.
Abogados y activistas se preguntan si el gobierno tendrá la capacidad de respuesta para atender el flujo migratorio que se registra en la frontera vive en la frontera o si, en lugar del Título 42, implementará otras herramientas similares para contenerlo.
“Sospechamos que, en teoría, la eliminación del Título 42 debe mejorar la situación en la frontera, pero creo que el gobierno pondrá nuevas restricciones para que continue de forma limitada el tránsito de inmigrantes”, dice Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas.
“Está claro que el gobierno no tiene capacidad de respuesta para atender toda la demanda que se vive en la frontera con México. Eso ya está demostrado. Incluso el presidente lo reconoció cuando entregó su informe al Congreso sobre el estado de la Unión y pidió ayuda a ambas cámaras para que le den recursos”, agregó.
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