La pandemia agravó los obstáculos para acceder a la asistencia médica por coronavirus en Estados Unidos. Ante el rechazo, la discriminación o los altos costos, los inmigrantes retrasan o renuncian a los tratamientos.
Imelda huyó de la violencia sexual a manos de los cárteles de la droga en la zona rural de Puebla, a unas dos horas de Ciudad de México, y llegó a Nueva York en 2013. No tenía seguro médico, apenas hablaba inglés y, como inmigrante indocumentada, evitaba situaciones que exigieran revelar su identidad.
Por eso, en marzo de 2020, incluso cuando la ciudad se convirtió en el epicentro nacional de la pandemia de COVID-19, Imelda, quien pidió que no se utilizara su apellido por riesgo de deportación, se resistió a ir al hospital por su creciente fiebre y fatiga. “Cuando empezaron los síntomas, quise ir”, cuenta, pero sus temores pesaron más que su deseo de recibir tratamiento.
Desde que llegó a Estados Unidos, Imelda solo había visitado un hospital una vez, para el nacimiento de su segunda hija. Pero, además de preocuparse por revelar su estatus de inmigrante, tenía miedo de incurrir en facturas médicas que superaran lo que ganaba limpiando casas. Retrasar o renunciar a la atención médica para la COVID-19 fue una decisión que Imelda y muchos otros inmigrantes indocumentados tomaron debido a los singulares desafíos sanitarios a los que se enfrentan en Estados Unidos, desafíos de desigualdad que tienen consecuencias a nivel nacional.
En Estados Unidos hay más inmigrantes que en ningún otro país del mundo: Según las últimas estimaciones, 46.7 millones de personas nacidas en el extranjero residen en ese país, lo que supone casi el 14% de la población nacional. Alrededor de 11 millones de estas personas son indocumentadas, pero han ocupado puestos de trabajo críticos que los ciudadanos a menudo no quieren (como el trabajo en los campos agrícolas, la industria de servicios y en los centros de salud) y pagan miles de millones en impuestos cada año.
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