En un fallo con implicaciones potencialmente amplias para las causas de inmigración en Estados Unidos, una jueza federal en Nevada concluyó que una ley penal que data de 1929 y hace un delito mayor que una persona que ha sido deportada regrese a suelo estadounidense es inconstitucional.
En una orden emitida, la jueza Miranda Du, con sede en Reno, dijo que la ley conocida como Sección 1326 se basa en “raíces racistas, nativistas” y que discrimina a los mexicanos y otros hispanos en violación de la cláusula de protección igual de la Quinta Enmienda constitucional.
Esa enmienda garantiza el derecho a una persona a negarse a responder a una autoridad, sobre la base de que esa respuesta podría incriminarla.
“Todo el mundo que trabaja en las cortes federales conoce esa ley”, dijo Franny Forsman, exjefa de la Oficina del Defensor Público en Nevada, en alusión a la Sección 1326. “Hay realmente muchos casos que han sido presentados a lo largo de los años bajo esa sección. Son mayormente causas de abogados de oficio”.
La Sección 1326 de la Ley Nacional de Inmigración y Nacionalidad penaliza que una persona entre a Estados Unidos si se le ha negado permiso, ha sido deportada o expulsada. Fue promulgada en 1952 con base en la Ley de Extranjeros Indeseables aprobada por el Congreso en 1929. Las penalizaciones se han vuelto más severas cinco veces entre 1988 y 1996.
Forsman dijo que ella esperaba que el gobierno apelara ante la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito en San Francisco.
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