La principal agencia de inmigración de EE. UU. ha sufrido una reestructuración radical bajo el gobierno de Donald Trump, recibiendo aplausos de quienes dicen que las restricciones eran necesarias, y críticas de quienes las consideran excesivas y xenófobas.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), creado como parte del Departamento de Seguridad Nacional en 2003, ahora enfatiza las medidas contra el fraude, la expulsión de inmigrantes sin permiso y la revisión de los antecedentes de todo el que quiera entrar en territorio estadounidense.
Activistas, abogados y trabajadores tildan las medidas de excesivas. Bajo la presidencia de Trump, es más difícil conseguir asilo en Estados Unidos o incluso la residencia permanente.
Ahora, para un inmigrante, el tiempo de procesamiento es más largo, y la cantidad de casos atrasados de la USCIS asciende a 5 millones. Las restricciones han tenido consecuencias económicas para la entidad, pues su presupuesto de 5.000 millones de dólares anuales depende de las matrículas pagadas por los inmigrantes, que ahora han disminuido estrepitosamente. Este año, la entidad estuvo cerca de despedir a 70% de sus aproximadamente 20.000 empleados.
La administración Trump ha tratado de limitar incluso la inmigración ilegal, lo cual ha encantado a los militantes que corean su consigna de “Estados Unidos primero”, aunque ha enfurecido a quienes consideran las restricciones nativistas, xenófobas y racistas.
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